viernes, 6 de junio de 2008

FIRMADO EL PACTO POLÍTICO DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA, LOS DEDRECHOS LABORALES Y DEMOCRÁTICOS EN MICHOACÁN


Foto: IVAN SANCHEZ/LA JORNADA MICHOACÁN

Medio centenar de agrupaciones se pronuncia por modificar las políticas neoliberales
Firman organizaciones sociales del estado plan por la soberanía alimentaria y energética

CELIC MENDOZA ADAME/LA JORNADA MICHOACÁN


Más de 50 organizaciones sindicales, campesinas, sociales y estudiantiles firmaron un pacto político por la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas; en el acto, el líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, destacó que México es el país con más bajo crecimiento y que este año podría no llegar ni a 2.5 por ciento. “Está hundido en la mediocridad”, dijo.
Incluso, comentó que Haití, uno de los países con mayor retraso, ya rebasó al nuestro, pues su crecimiento registró 3.5 por ciento; eso, dijo, es resultado de que no tenemos las políticas económicas que necesita el país.
“Nuestros gobernantes dicen que debemos de tener paciencia y tenemos 25 años de paciencia y aún no sucede nada, pues nuestros gobernantes trabajan sólo bajo intereses propios y no para los mexicanos, el resultado de ello es que se abarata la mano de obra mexicana”, señaló.
Hernández Juárez aprovechó para fustigar que los gobernantes de México “cobran como si fueran buenos e incluso ganan más que los presidentes europeos”, aún así, comentó, las personas siguen dándoles su voto.
Al aprovechar la presencia de sindicatos como el Unico de Empleados de la Universidad Michoacana, el de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, el Mexicano de Electricistas, el del Colegio de Bachilleres, la Universidad Tecnológica de Morelia, la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Obrera Revolucionaria, el Frente Amplio de Izquierda Social, entre otros, el también líder del Sindicato de Telefonistas destacó que del millón de contratos colectivos que existen en el país, sólo se revisan 50 mil, pues, el resto son contratos de protección de sindicatos blancos.
“Al gobierno no le interesan los sindicatos que no pueda controlar, es por ello que se requiere de pactos como éste y de la unidad que se demuestra en estos momentos, independientemente de partidos, pues de los contrario la reforma energética se va a mayoritear en las cámaras”, advirtió.
Previo a ello y al dar la bienvenida a los sindicatos presentes, el dirigente del SUEUM, Eduardo Tena Flores, destacó la “ceguera” del gobierno federal al querer vender el patrimonio de los mexicanos.
“Es por ello que debemos unirnos como sociedad civil pensante, aquí estamos el verdadero ejército dispuestos a defender nuestro patrimonio”, expuso.
Los sindicalizados expresaron sus preocupaciones ante el avance del actual modelo neoliberal. “La sociedad mexicana presenta graves problemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos consagrados en la Constitución. El desempleo, la pobreza y la falta de libertades son constantes en detrimento de las clases marginadas y mayoritarias del campo y la ciudad. Con el creciente deterioro del medio ambiente y entrega de los recursos naturales, el problema social se agrava, por lo que ha llegado el momento de revertirlo”, advirtieron.
En el pacto, que firmó también como testigo de honor el secretario estatal de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, se suscribieron objetivos como el modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de soberanía ante poderes externos, por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de soberanía nacional; además, fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.
Asimismo, se buscará la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol, y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos.
Se planteó defender la propiedad social de la tierra y aguas nacionales en ejidos y comunidades, como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al artículo 27 constitucional, restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo, entre otros objetivos.
En este contexto, los sindicatos también exigieron la modificación de las políticas públicas y su participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y en el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina.
Paro en puerta
Asimismo, tras considerar que el debate sobre la Reforma Energética está siendo ganado por los opositores a la misma, Fernando Amescua Castillo, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), advirtió que si el Legislativo no toma en cuenta los resultados de la discusión, se materializará el compromiso de Felipe Calderón con las fuerzas políticas y económicas que lo llevaron a la presidencia de la República, por lo que en la defensa de la soberanía nacional se prevé un paro en el país a partir de septiembre.
En entrevista durante la firma del Pacto Político por la Soberanía Alimentaria y Energética, consideró que aún falta la inclusión de los trabajadores de Pemex en el debate nacional, toda vez que “al haber intervención privada en cualquier empresa los primeros afectados son los empleados de la misma”, aunque aseveró que hasta ahora el Ejecutivo federal no tiene argumentos para contrarrestar las críticas hechas por los opositores en torno a la pretendida reforma, por lo que si el Legislativo “no toma en cuenta la consulta, estaría violando la Constitución y evidenciaría el cumplimiento de los compromisos con los organismos financieros internacionales y con quienes llevaron a la presidencia a Calderón”.
Amescua Castillo detalló que se buscará que dicho pacto sea firmado en los 32 estados del país, ya que durante la marcha realizada el pasado 31 de enero en la ciudad de México, diferentes organizaciones campesinas, sociales y sindicales acordaron realizarlo para avanzar en la defensa de la soberanía nacional, el campo mexicano, los derechos laborales y humanos.
Recordó que Sonora firmó dicho pacto en abril pasado, mientras ayer se hizo en esta ciudad y el próximo 10 de junio se hará en Guadalajara, el 17, en Puebla, el 24, en Monterrey, el 25, en la ciudad de México y el 27, en Chihuahua.
En este sentido, informó que se plantea un paro nacional para el primero de septiembre próximo. “Estamos trabajando para que todas las organizaciones participantes puedan parar hasta donde les sea posible”, aunque advirtió no poder realizar huelga general porque hay condiciones legales que lo impiden en algunos sindicatos.
En tanto, urgió la necesidad de renegociar del Tratado de Libre Comercio y echar abajo las iniciativas privatizadoras del petróleo, ya que “ahora tenemos que pagar por que lo busquen, los encuentren y lo extraigan, es decir, por que se materialice el compromiso que tiene Felipe Calderón con las gentes que lo llevaron a la presidencia”.

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